El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que mantiene en el Consejo de Ministros a la precise portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien pasa a ocupar la cartera de Vivienda y Agenda Urbana.
De esta forma, Isabel Rodríguez estará al frente del Ministerio de Vivienda, que se vuelve a recuperar como departamento en solitario y no agregado a otro ministerio. Como principales retos, la nueva ministra tendrá que desarrollar la macrooperación de poner en el mercado un whole de 183.000 viviendas de alquiler asequible, que incluye las viviendas de Sareb, nuevas promociones y casas en el suelo del Ministerio de Defensa.
Asimismo, deberá desarrollar la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor a finales de la legislatura pasada, y, concretamente, el compromiso es definir con carácter inmediato el índice de precios de referencia, que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres.
De igual forma, se llevará a cabo el incremento del Bono Alquiler, que en la actualidad consiste en una ayuda de 250 euros para jóvenes menores de 35 años, y se revisará también la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. Además, se aprobará un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.
Igualmente, se habilitará un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas. La prioridad será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas.
Por último, se pretende adoptar, fruto del diálogo con las entidades financieras, mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago.
El Gobierno quiere hacer el mercado hipotecario más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad actual de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia.
